Tras la confirmación de que la Intendencia de Río Negro y luego del proceso administrativo, resolvió la rescisión unilateral de cuatro contratos de funcionarios vinculados a la institución, debido a la constatación de faltas graves e incumplimientos habló el secretario general Pablo Flores explicando la situación.

Entrevistado en el programa Código QR confirmó que se mantiene una investigación administrativa en curso para determinar responsabilidades en el caso de dos funcionarios presupuestados.

Flores, detalló que la decisión fue adoptada luego de analizar las pruebas recabadas en el marco de las investigaciones. “La resolución fue comunicada ayer. En méritos de lo obrado y con las diferentes pruebas, se resolvió la rescisión unilateral de los contratos. Estas faltas se consideran graves y, por su naturaleza, entendimos que esta era la medida procedente”, afirmó Flores.

En cuanto a los dos funcionarios presupuestados, el proceso administrativo sigue avanzando. Flores explicó que los procedimientos para estos casos son más extensos debido a las garantías y plazos establecidos: “El sumario administrativo tiene otros tiempos y requiere la intervención de la Junta Departamental, que es la que debe resolver sobre la situación de estos funcionarios”.

Uno de los puntos en cuestión es la posible utilización indebida de recursos municipales para actividades en predios privados, lo que podría constituir una irregularidad. Aunque el informe preliminar se limitó a investigar hechos ocurridos este año en la zona de Fray Bentos, Flores subrayó que con la comprobación de una sola falta ya es suficiente para tomar medidas.

El secretario también enfatizó la importancia de enviar un mensaje claro sobre el manejo responsable de los recursos públicos: “Cualquier funcionario que incurra en faltas administrativas que perjudiquen a la Intendencia genera un daño significativo. Esto debe servir como un ejemplo para todos; los recursos públicos deben ser cuidados”.

Por último, Flores señaló que se deberá realizar una investigación más exhaustiva para cuantificar el impacto económico de las irregularidades detectadas. “Aunque no se pudo probar la venta de tosca, sí se investiga el posible uso de recursos municipales para actividades en predios privados. De confirmarse, esto sería suficiente para considerar una falta grave”, concluyó.