Graciela Milessi, vecina de Fray Bentos, nos cuenta que el gobierno saliente firmó un contrato secreto con la trasnacional Neptuno para el suministro de agua potable. Este acuerdo ha generado inquietudes sobre la calidad del agua que se proveerá, que muchos temen será de pésima calidad. Además, las organizaciones cuestionan la constitucionalidad del contrato, que privatiza un recurso esencial que, según el plebiscito de 2004, debería estar bajo gestión estatal. El contrato, que compromete al Estado a pagar 900 millones de dólares en un plazo de 20 años, también implica que Montevideo consumirá agua salada, lo que se considera económicamente inviable y contrario a la Constitución. Ante esta situación, la ciudadanía espera que el nuevo gobierno revise el acuerdo y tome medidas para garantizar la soberanía del agua.
En respuesta, se ha lanzado una campaña virtual de recolección de firmas a través de las páginas aguaysoberanía.uy, que ya cuenta con más de 16 mil adhesiones. Esta iniciativa busca expresar el rechazo al proyecto “Neptuno”, instrumentado en el “Contrato de Servicio Proyecto Arazatí” y sus anexos, firmado por la OSE y la empresa “Infraestructura Arazatí Sociedad Anónima” el 23 de enero de 2025.
El proyecto tiene como objetivo extraer y almacenar agua del Río de la Plata, en la zona de Arazatí, Departamento de San José, para abastecer a Montevideo y su área metropolitana. Sin embargo, quienes suscriben esta declaración consideran que las trasnacionales buscan apropiarse de los recursos hídricos del país, y por ello impulsan esta campaña en defensa de la soberanía del agua.