La “teoría de los dos demonios” ha sido ampliamente debatida en Uruguay, presentándose como una interpretación que equipara la violencia estatal con la guerrilla, sugiriendo que la dictadura cívico-militar fue el resultado de un enfrentamiento entre fuerzas antagónicas. Sin embargo, esta visión ha sido criticada por historiadores, politólogos y activistas de derechos humanos, quienes señalan que al equiparar ambas violencias, se invisibiliza el terrorismo de Estado y el legítimo reclamo de verdad y justicia.
En Uruguay, esta teoría ha sido utilizada para justificar el golpe de Estado de 1973 como una respuesta inevitable a la subversión. No obstante, diversos estudios han demostrado que esta explicación es una construcción posterior, promovida por sectores militares y políticos con el objetivo de minimizar la responsabilidad estatal en la represión y crímenes cometidos. Además, la dictadura cívico-militar que comenzó en 1973 fue resultado de factores sociales, políticos y económicos que no guardaban relación directa con los tupamaros, quienes ya habían sido derrotados y encarcelados un año antes.
Por otro lado, los familiares de los desaparecidos no tienen vínculo con la guerrilla: su reclamo no responde a bandos enfrentados, sino a una demanda legítima de justicia por crímenes cometidos después de la derrota de los tupamaros. Sin embargo, el relato del oficialismo insiste en presentar el pasado reciente bajo la lógica de “los dos demonios”, consolidando la idea de un conflicto simétrico entre militares y guerrilleros. En realidad, lo que persiste es una lucha por la hegemonía del relato, donde ciertos sectores intentan imponer una visión que diluye la responsabilidad estatal en la represión y las desapariciones forzadas.
Así, la narrativa de los “dos bandos” no solo distorsiona la realidad histórica, sino que busca deslegitimar el movimiento por los derechos humanos y su incansable reclamo por verdad y justicia. La memoria histórica no puede ser reducida a una contienda entre adversarios políticos; debe ser una construcción basada en la documentación de los hechos y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la vulneración sistemática de derechos humanos fundamentales.