La abogada Cristina Tori se pronunció sobre las controversias que genera la Ley 20.141 de Tenencia Compartida y Corresponsabilidad en la Crianza, aprobada en 2023, señalando que algunos de sus artículos ponen en riesgo la seguridad de niños y madres, especialmente en casos de violencia vicaria.
Tori recordó que la norma surgió de la unificación de dos proyectos legislativos —uno sobre corresponsabilidad en la crianza, impulsado por el Partido Nacional, y otro sobre tenencia compartida, promovido por Cabildo Abierto—, con el objetivo de asegurar un trato equitativo entre los progenitores. Sin embargo, advirtió que gran parte de lo establecido ya estaba contemplado en el Código Civil y en el Código de la Niñez y Adolescencia.
Uno de los puntos más polémicos es el artículo 4, inciso 8, que dispone que, aun cuando existan medidas cautelares por denuncias de violencia doméstica, se deben mantener las visitas establecidas entre el progenitor denunciado y los hijos. Según Tori, esta disposición entra en “abierta contradicción” con la Ley 19.580 de Violencia Doméstica, que ordena separar al agresor del hogar y de los niños, así como de sus ámbitos educativos y sociales.
“La violencia intrafamiliar afecta directamente a los niños y la ley, en lugar de protegerlos, deja zonas de vulnerabilidad”, subrayó la profesional, quien recordó que el artículo 14 del Código de la Niñez y Adolescencia establece que el interés superior del niño debe ser siempre prioritario.
En el Parlamento se analiza actualmente una propuesta para derogar la parte de la norma que habilita visitas en casos de violencia. El objetivo es aislar a la persona denunciada para resguardar a los menores y evitar nuevos hechos de violencia vicaria, un fenómeno que ya dejó 13 casos registrados en 2023 y 3 en lo que va de este año.
Tori también se refirió al artículo 15 de la ley, que introdujo en el Código Penal un agravante (artículo 179 bis) para las denuncias falsas. Si bien reconoció la importancia de prevenir este tipo de situaciones, enfatizó que los estudios demuestran que las falsas denuncias son mínimas y que el foco debería estar en fortalecer las evaluaciones de riesgo y en proteger a los niños y a las mujeres víctimas.
“Un solo caso de violencia vicaria debería bastar para actuar. Es urgente resolver las contradicciones legales y garantizar que el interés superior del niño no quede en segundo plano”, concluyó.
