La falta de cobertura del servicio de emergencias médicas Clave 1 para las zonas rurales volvió a quedar en el centro de la polémica luego de un grave incidente ocurrido en la intersección de las rutas 2 y 24, donde una joven cayó de un camión y permaneció más de una hora tendida sobre la ruta sin recibir asistencia inmediata.
El hecho fue expuesto públicamente por Evangelio Núñez, integrante de la Comisión de Usuarios de Salud Pública, quien afirmó que el episodio “no es un caso aislado, sino la consecuencia directa de un sistema que discrimina a los habitantes del interior profundo frente a quienes viven en el área metropolitana”.
Núñez señaló que el problema tiene raíces estructurales. Recordó que históricamente las ambulancias de Salud Pública contaban únicamente con un chofer, y que con la creación del SAME 105 en octubre de 2015 se consolidó una división en la atención. “Desde ese momento, la emergencia Clave 1 a domicilio quedó garantizada para la zona metropolitana, mientras los canarios del interior seguimos sin ese derecho”, afirmó.
Según explicó, la empresa UMET, contratada por el Ministerio de Salud Pública para brindar asistencia pública, limita su servicio a zonas urbanas, pese a que la normativa permite traslados de hasta 15 minutos a velocidad reglamentada. “Con ese criterio, lugares como La Víbora o Las Cañas estarían perfectamente cubiertos, pero la decisión política ha sido mirar para otro lado”, sostuvo, recordando además que el exdirector de salud pública Dr. Andres Montaño intentó sin éxito ampliar esa jurisdicción.
El representante de los usuarios también denunció el incumplimiento de resoluciones y antecedentes legales. Indicó que la Institución Nacional de Derechos Humanos intimó en su momento al Hospital a instalar el servicio de emergencia, disposición que fue ignorada bajo el argumento de que no está contemplada en el PIAS. “Un plan no puede estar por encima de una ley. La Ley 18.211 garantiza el acceso y la atención equitativa a todos los usuarios, y negar la emergencia a domicilio en el interior claramente viola ese principio”, remarcó.
Núñez recordó además que existieron intentos de acción política y social, con la participación de comerciantes y representantes locales de distintos sectores. “Hubo reuniones y discusiones, pero cuando llegó el momento de firmar un acta de compromiso, la mayoría de los políticos presentes no lo hizo. Solo dos representantes de partidos sin banca en la Junta asumieron ese compromiso”, afirmó.
Finalmente, el integrante de la comisión de usuarios apeló a la conciencia colectiva. “Se pueden resolver casos puntuales, pero el problema de fondo no va a cambiar si la población no se involucra y exige de forma conjunta el cumplimiento de sus derechos. Hasta que eso no ocurra, seguirán pasando situaciones tan graves como la que vivimos en la ruta”, concluyó.
