La Justicia condenó a cinco personas —tres mayores de edad y dos adolescentes— en el marco de la Operación “Encandilado”, un procedimiento desarrollado por la Unidad de Investigaciones I de Fray Bentos en conjunto con la Brigada Departamental Antidrogas, vinculado a delitos de estupefacientes, armas y municiones.

La audiencia de formalización se realizó el 23 de enero de 2026 en sede judicial, instancia en la que se dictaron condenas y medidas socioeducativas, según la responsabilidad penal de cada imputado.

En el caso de los adolescentes, identificados por sus iniciales L.G.D.L. y R.E.P.B., la Justicia dispuso medidas socioeducativas no privativas de libertad, conforme a lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

L.G.D.L. fue declarado responsable de una infracción grave por tráfico interno y fabricación ilegal de armas y municiones, imponiéndosele seis meses de medidas que incluyen permanencia domiciliaria nocturna durante los primeros dos meses, control policial aleatorio, participación en programas socioeducativos y asistencia regular a una institución educativa.

Por su parte, R.E.P.B. fue condenado por tres infracciones graves, vinculadas a la asistencia a la negociación de estupefacientes, tráfico interno, fabricación ilegal de armas y receptación, recibiendo una pena de 15 meses de libertad asistida, con restricciones horarias nocturnas y obligación de concurrencia educativa.

Entre los mayores de edad, T.V.P.B. (19 años) fue condenado como autor responsable de negociación de estupefacientes, en reiteración real con tráfico interno y fabricación ilegal de armas, en concurso formal con receptación, a la pena de tres años de penitenciaría, con descuento del tiempo de detención cumplido.

En tanto, D.A.A. (22 años) fue condenado a dos años de penitenciaría por asistencia a la negociación de estupefacientes, también con descuento de la detención sufrida.

Por último, K.D.C.S. (18 años) fue condenado por tráfico interno y fabricación ilegal de armas y municiones a seis meses de prisión, a cumplirse bajo el régimen de libertad a prueba, que incluye prisión domiciliaria nocturna, controles policiales, presentaciones semanales ante la seccional correspondiente y la realización de servicios comunitarios.

Además de las condenas, la Justicia dispuso el decomiso y confiscación de la sustancia incautada, teléfonos celulares, balanzas de precisión y la suma de 17.040 pesos uruguayos, elementos que serán remitidos al Instituto Técnico Forense, conforme a la normativa vigente.