Columna de Opinión | ¿Alcanza con abrir la puerta?.

La política después del anuncio.

Esta semana el gobierno presentó “Libertad Segura”, un programa destinado a acompañar a personas que recuperan la libertad luego de cumplir una condena. La iniciativa busca brindar apoyo económico, orientación y herramientas para facilitar su reinserción en la sociedad.

Las políticas dirigidas a personas liberadas cumplen un rol importante. No solo porque buscan acompañar procesos de reinserción, sino porque apuntan a reducir la reincidencia y contribuir a una sociedad más segura. Sin embargo, tan importante como la intención es preguntarnos cuáles son las herramientas más efectivas para generar cambios que perduren en el tiempo.

Los números obligan a tomarse el tema en serio. En Uruguay, la tasa de reincidencia ronda el 70%. Es decir, siete de cada diez personas que recuperan la libertad terminan regresando al sistema penitenciario. Es un ciclo costoso para las víctimas, para las familias y para el conjunto de la sociedad.

Uruguay no parte de cero en esta materia. Desde hace años existe la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DINALI) y en 2023 se puso en marcha el Proyecto de Inclusión Asistida (PIA), una iniciativa que comparte varios de los objetivos que hoy plantea “Libertad Segura”.

El problema no es la voluntad: es la escala. Miles de personas egresan del sistema penitenciario cada año y solo una parte accede a este tipo de acompañamiento. Si queremos discutir seriamente la reincidencia, también debemos preguntarnos por el alcance real de las herramientas que hoy existen.

La pregunta de fondo es otra: ¿alcanzan programas de estas características para enfrentar un problema tan estructural como la reincidencia?

La respuesta exige una mirada más profunda. Porque si bien estas iniciativas pueden representar una oportunidad valiosa, también es necesario preguntarnos qué herramientas concretas existen para sostener ese proceso una vez que termina el acompañamiento inicial y qué resultados estamos obteniendo en términos de reinserción duradera.

Durante el tiempo que una persona cumple condena, el Estado tiene una oportunidad única: es probablemente el momento en que más capacidad tiene para influir en sus hábitos, en su formación y en su proyecto de vida. Es allí donde deberíamos redoblar la apuesta por la educación, la capacitación laboral, el tratamiento de adicciones y la construcción de herramientas concretas para un futuro diferente.

Los programas de apoyo al egreso pueden complementar ese trabajo. Pero el verdadero desafío es que las personas logren sostener su reinserción cuando ese acompañamiento ya no está presente.

Por eso necesitamos políticas que, además de acompañar, construyan autonomía: educación, capacitación, hábitos de trabajo y oportunidades reales de inserción laboral. No se trata de elegir entre trabajar dentro o fuera de las cárceles. Necesitamos ambas cosas. Pero si los recursos son limitados, es razonable preguntarnos dónde pueden generar el cambio más profundo y duradero.

Al mismo tiempo, los esfuerzos de inclusión no pueden ser selectivos. La reinserción de quienes recuperan la libertad es un objetivo importante, pero también lo es acompañar a los miles de uruguayos que hoy buscan empleo, capacitación y oportunidades para salir adelante en un contexto económico exigente. Porque construir autonomía y generar oportunidades debe ser una prioridad para todos los que las necesitan.

Una reinserción exitosa no se mide por los meses en que una persona recibe asistencia. Se mide por los años en que logra mantenerse integrada a la sociedad sin volver a delinquir. La mejor política social es la que genera autonomía. Y la mejor política de seguridad es la que evita una nueva víctima.

El desafío no es simplemente ayudar a empezar de nuevo. Es construir las condiciones para que ese nuevo comienzo se sostenga cuando la asistencia ya no está.

Porque abrir la puerta es importante.

Lo difícil es lograr que no haya que volver a cruzarla.