El Tribunal de Apelaciones en lo Penal confirmó este jueves, en todos sus términos, la sentencia dictada en diciembre de 2025 por el juez Claudio De León, que condenó a nueve exmilitares por los delitos cometidos durante los operativos realizados en San Javier en 1980 y 1984, entre ellos los vinculados a la detención, tortura y muerte del médico Vladimir Roslik.

Con esta resolución quedan ratificadas las penas de entre 11 años y seis meses y 15 años y seis meses de penitenciaría impuestas a Jorge Ricardo Soloviy, Rodolfo Gustavo Costas, Luis Pedro Estebenet, Daniel Edgardo Castellá, Óscar Mario Rocca, Sergio Héctor Caubarrere, Eduardo Saiz Pedrini, Dardo Morales y Abel Pérez.

El proceso judicial investigó los hechos ocurridos durante dos operativos militares en San Javier, en los que fueron detenidos y sometidos a torturas 30 residentes de la localidad, incluidos dos adolescentes de 16 y 17 años. Entre las víctimas se encontraba Vladimir Roslik, médico de la comunidad, quien falleció en el Batallón de Infantería Nº 9 de Fray Bentos tras ser detenido en abril de 1984.

En la sentencia ratificada, la Justicia concluyó que las víctimas fueron sometidas a detenciones arbitrarias, privaciones de libertad agravadas y diversas formas de tortura, entre ellas plantones, submarino y picana eléctrica. El fallo sostiene que estos hechos constituyeron graves violaciones a los derechos humanos y atentaron contra la dignidad humana.

Asimismo, el juez De León había señalado que los civiles detenidos debieron ser puestos a disposición de la Justicia ordinaria y no de la Justicia Militar, calificando de ilegítimo cualquier intento de justificar ese procedimiento.

Tras la decisión del Tribunal de Apelaciones, la defensa de los condenados aún podrá presentar un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, última instancia prevista en este proceso.

Cabe recordar que, luego de la sentencia de primera instancia, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, apeló la decisión que permitía a los condenados permanecer en libertad mientras el fallo no quedara firme. Como consecuencia, el 31 de diciembre de 2025 la Justicia revocó esa medida y dispuso la prisión preventiva de los nueve condenados mientras continúa el trámite judicial.