REFORMA CONSTITUCIONAL 2029: REDUCCIÓN DE LEGISLADORES, CARGOS DE CONFIANZA Y GASTO POLÍTICO

Este lunes 5 de octubre se realizó en Fray Bentos una charla informativa sobre la denominada Reforma Constitucional 2029, instancia que estuvo a cargo de Fernando Da Silva, quien llegó a la ciudad con el objetivo de explicar los principales aspectos de la iniciativa y los cambios que sus impulsores pretenden introducir en la Constitución de la República.

La propuesta busca promover modificaciones vinculadas al funcionamiento del Estado, el sistema político y el uso de los recursos públicos. Entre sus principales planteos aparece la reducción de la cantidad de legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, con el objetivo de disminuir el tamaño del Parlamento y, según sus impulsores, reducir los costos asociados al funcionamiento del sistema político.

Otro de los ejes es la reducción de los cargos de particular confianza, planteando mayores exigencias de mérito y mecanismos de selección para el acceso a determinados puestos dentro de la administración pública.

La iniciativa también apunta a establecer límites y controles sobre las remuneraciones de cargos políticos y jerárquicos, además de promover una reducción de gastos vinculados al funcionamiento del Estado. Entre las propuestas difundidas se incluyen restricciones al uso de vehículos oficiales y un mayor control sobre los recursos públicos.

El proyecto plantea además fortalecer los mecanismos de participación directa de la ciudadanía, facilitando herramientas como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular. También se incluyen planteos vinculados con los fueros de los legisladores, el funcionamiento de los partidos políticos y las listas electorales.

Durante la actividad desarrollada en Fray Bentos, Da Silva explicó los fundamentos de la iniciativa y respondió consultas de los participantes, en una instancia que tuvo como objetivo acercar a la ciudadanía los contenidos de una eventual reforma constitucional.

La propuesta se encuentra actualmente en etapa de difusión y búsqueda de respaldo ciudadano. Para que pueda llegar a consideración popular deberá cumplir con los mecanismos establecidos por la Constitución, entre ellos la obtención de las adhesiones necesarias.

De concretarse el proceso, la ciudadanía podría ser convocada a pronunciarse sobre la reforma en el marco de las elecciones nacionales de 2029. Por el momento, se trata de una iniciativa en proceso y no de una modificación constitucional aprobada.