Esta mañana, durante una comisión ampliada en la Junta Departamental, el Ejecutivo departamental respondió consultas sobre el sistema de fotomultas y el cese del contrato con Teslights. En este marco, se confirmó que la demanda de la empresa a la comuna radica en la interpretación del acto administrativo.
Según informó el asesor jurídico Ricardo Gorosito, Teslights considera que el aviso de proximidad del cumplimiento del objeto del contrato constituye un acto administrativo. Sin embargo, desde la Intendencia se interpreta como una comunicación en ejercicio de la buena fe esperada entre las partes contratantes.
La resolución de esta disputa dependerá del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). En caso de que el fallo sea favorable a la empresa, podría habilitarse otra instancia de reclamo. Desde la comuna, sin embargo, se considera que la demanda es improcedente y que se han presentado todas las fundamentaciones jurídicas correspondientes, tanto en el expediente como ante los ediles en la jornada de hoy.
Respecto a la contratación de HyG, se explicó que la solicitud fue realizada por el SUCIVE, dado que dicha empresa administra sus bases de datos. Aunque desde el Ejecutivo no se contaba con información precisa sobre el costo, se indicó que no representa un monto significativo.
En relación al cobro por los pedidos de información, el Ejecutivo explicó que se trata de un trámite administrativo regulado por el presupuesto votado por la Junta Departamental, el cual establece que tenga un costo (tasa). Este cobro no puede eliminarse de manera arbitraria, ya que constituye un tributo aprobado por el Legislativo.
Si bien se reconoce que el pago es inconveniente en casos como solicitudes de donaciones, se indicó que una posible solución sería que en futuros presupuestos quinquenales se clasifiquen los trámites, estableciendo excepciones al pago de dicho tributo. «Es insólito que alguien que solicite una donación tenga que pagar, pero esto fue establecido en el presupuesto quinquenal y no por el Ejecutivo, que no tiene más alternativa que cobrarlo ante el propio imperio de la ley», concluyeron.
