La Sociedad Rural de Río Negro y la Mesa Empresarial de Young emitieron un comunicado en el que exponen sus preocupaciones respecto a la situación económica y laboral del país. El documento, divulgado a pocos días del cambio de gobierno, señala aspectos que consideran pendientes de resolución, considerando que debe sostenerse la LUC, el precio de paridad del combustible y el «excesivo costo del estado».

Uno de los principales puntos mencionados es el «excesivo tamaño del Estado» y su impacto en el costo de funcionamiento. Según expresaron, la reforma del Estado sigue siendo una asignatura pendiente, y la burocracia estatal afecta la eficiencia en la prestación de servicios. También sostienen que la administración pública continúa siendo costosa, tanto a nivel nacional como departamental.

En cuanto a la economía, el comunicado advierte sobre el déficit fiscal y su impacto en la competitividad del país. Según el sector empresarial y agroexportador, el endeudamiento público genera presiones económicas que afectan el tipo de cambio y, por lo tanto, la generación de empleo en sectores clave. Asimismo, mencionan que la acumulación de deuda compromete el crecimiento económico a futuro.

El documento también aborda la situación del mercado laboral. Desde la perspectiva de las entidades firmantes, los altos costos de producción y la conflictividad laboral han afectado la capacidad de las empresas para generar empleo. En ese sentido, expresan su desacuerdo con la posibilidad de reducir la carga horaria semanal sin considerar previamente la productividad.

Respecto al precio de los combustibles, las organizaciones destacan avances en la fijación de precios basada en la paridad de importación. No obstante, señalan la necesidad de resolver el déficit que genera el sector cementero de ANCAP para mejorar su resultado operativo.

Finalmente, la declaración reafirma la importancia de mantener vigente la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada por el Parlamento y ratificada en referéndum. En ese sentido, argumentan que su derogación podría afectar la seguridad jurídica del país.

Las organizaciones concluyen el comunicado expresando su intención de mantener un diálogo con el nuevo gobierno, que asumirá el 1° de marzo, con el objetivo de alcanzar soluciones beneficiosas para empresarios, trabajadores y la sociedad en general.