Opinión | Mientras el gobierno del Frente Amplio continúa reuniendo mesas de diálogo para elaborar diagnósticos y estrategias, los números hablan solos y lo hacen con una crudeza imposible de maquillar: veinte muertes.

8 niños y adolescentes y 12 adultos, todos en hogares del INAU, bajo el cuidado y responsabilidad del Estado.

Entendemos perfectamente que esta no es una problemática nueva. Nadie puede negar que el sistema arrastra dificultades desde hace muchos años. Pero también es evidente que la situación se viene agravando de forma alarmante.

Los cambios sociales, la deserción educativa, la falta de oportunidades, el desempleo y el avance del consumo problemático de drogas generan cada vez más hogares vulnerables y disgregados. Y en ese contexto, los niños y adolescentes más frágiles terminan dependiendo de un sistema que hoy claramente no está dando respuestas suficientes.

Porque cuando un niño está en riesgo, no alcanza con convocar mesas de diálogo, redactar documentos o anunciar futuras líneas de acción. Hay momentos en los que el Estado tiene que actuar, y actuar rápido.

Lo que hoy preocupa no es solamente la existencia del problema, sino la sensación de inmovilidad frente a una realidad que exige respuestas urgentes.

El martes, durante la interpelación al Ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y a la presidenta del INAU, Claudia Romero, esperábamos respuestas concretas. Pero otra vez recibimos relatos, contextualizaciones y explicaciones que esquivaron lo esencial.

Las preguntas siguen sin respuesta. A más de 100 días de algunos fallecimientos, las investigaciones continúan sin resultados claros.

Y acá hay algo que el Frente Amplio no puede desconocer: gobernó el país durante quince años. Conoce el INAU, conoce sus centros, conoce las carencias de los funcionarios y conoce la vulnerabilidad de muchos niños y adolescentes que dependen del sistema.

Por eso cuesta entender que hoy actúen como si estuvieran descubriendo una realidad completamente ajena.

Esto no se trata de hacer una cacería política. Se trata de asumir responsabilidades. Porque cuando se vuelve al gobierno sabiendo cómo funciona el sistema, no se puede actuar como un espectador sorprendido.

Y hay algo más que también merece una reflexión profunda.

Si desde hace años se conoce la grave situación del INAU, e incluso se plantea que existen dificultades para alquilar viviendas donde funcionen centros de atención, entonces la pregunta es inevitable:

¿Era realmente prioritario gastar 32,5 millones de dólares en la estancia María Dolores?

¿Es realmente prioridad impulsar cambios en el entorno y un nuevo edificio anexo al Palacio Legislativo, con un costo cercano a los 40 millones de dólares, mientras persisten enormes carencias en el sistema de protección de niños y adolescentes?

Porque gobernar también es decidir prioridades. Y cuando faltan recursos para proteger a los más vulnerables, cada decisión presupuestal habla por sí sola.

Desde el Parlamento vamos a seguir haciendo las preguntas incómodas que nos corresponde hacer. Pero, sobre todo, vamos a seguir insistiendo en algo básico: los niños y adolescentes del INAU no pueden esperar más burocracia, más diagnósticos ni más comisiones.

No más excusas. Necesitan protección hoy.

Ya es hora de que se hagan cargo.