La Junta Departamental de Río Negro no aprobó el pedido del Ejecutivo para destituir a un funcionario de la Intendencia, una decisión que fue recibida con satisfacción por el gremio de municipales, que consideró que los hechos investigados no justificaban la máxima sanción administrativa.

La votación culminó 15 a 15 porque no se presentó el edil Juan Sardela y el Frente Amplio no tuvo la mayoría para aprobar la solicitud.

Desde ADEOM destacaron que la resolución permitió preservar la fuente laboral del trabajador, quien cuenta con más de 20 años de servicio, sin antecedentes disciplinarios y con evaluaciones funcionales favorables.

No obstante, el gremio manifestó su preocupación por el desarrollo del procedimiento administrativo y anunció que continuará impulsando la nulidad del proceso tanto en la órbita de la Intendencia como ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El asesor jurídico del sindicato, Dr. Gonzalo Dotti, sostuvo que durante el sumario se cometieron graves irregularidades que afectaron el derecho de defensa del funcionario. Explicó que nunca se les otorgó vista del informe final de la investigación, documento que debía contener las conclusiones, la acusación concreta y la sanción propuesta. La destitucion se pide por irregularidades en la entrega de libretas de conducir en San Javier.

Según indicó, ni el funcionario ni su defensa conocieron con precisión cuáles eran los hechos que se le atribuían, lo que les impidió ejercer una defensa efectiva frente a eventuales acusaciones de negligencia, omisión u otras presuntas irregularidades vinculadas al trámite de expedición de licencias de conducir.

Dotti afirmó que el derecho constitucional de defensa prevalece sobre las disposiciones del estatuto de la Intendencia y consideró que la sanción de destitución resultaba desproporcionada para un funcionario con una extensa trayectoria y sin antecedentes.

Queja por expresiones durante la sesión.

Por otra parte, el gremio anunció que presentará una queja formal ante la Junta Departamental por las expresiones realizadas durante la sesión por la edil frenteamplista, Dra. Cristina Tori, quien defendió el informe en mayoría de su bancada.

Según manifestó George Kennedy las expresiones estuvieron dirigidas al asesor jurídico del sindicato y fueron calificadas como “totalmente fuera de lugar”. En ese sentido, solicitarán que la legisladora se retracte públicamente de sus dichos.

El sindicato también señaló que el desarrollo del procedimiento administrativo se realizó sin que su asesor legal tuviera conocimiento previo de las actuaciones, aspecto que consideró llamativo y que, a su entender, contribuyó a vulnerar las garantías del debido proceso.