El abogado de ADEOM Río Negro, Gonzalo Dotti, quien además ejerce la defensa particular del funcionario municipal de San Javier cuya destitución fue solicitada por la Intendencia y posteriormente no obtuvo el respaldo de la Junta Departamental, cuestionó la legalidad del procedimiento administrativo y anunció que recurrirá la reciente sanción aplicada.
Según explicó, la Intendencia resolvió imponer una suspensión de 90 días sin goce de sueldo al trabajador, sanción que se suma a una anterior de 45 días, lo que implica una importante afectación económica para el funcionario.
Dotti sostuvo que la defensa considera que todo el procedimiento está viciado de nulidad, al entender que no se respetaron garantías fundamentales. En particular, señaló que el funcionario no tuvo oportunidad de conocer formalmente las acusaciones ni las conclusiones del informe administrativo antes de que se adoptara la resolución.
“Se le privó de realizar los descargos correspondientes, que es un derecho básico de defensa”, argumentó el abogado, quien entiende que, de haberse cumplido correctamente el procedimiento, la situación debería retrotraerse y no correspondería aplicar sanción alguna.
Ante esta situación, la defensa presentará un recurso administrativo contra la resolución de la Intendencia. No obstante, Dotti reconoció que difícilmente el gobierno departamental modifique su postura, por lo que el objetivo final es llevar el caso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), organismo que deberá determinar si el procedimiento fue ajustado a derecho.
Por otra parte, el abogado manifestó sorpresa por el anuncio realizado por la Intendencia respecto a la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía.
Recordó que el Ejecutivo departamental ya había solicitado la destitución del funcionario a fines de mayo y consideró que, si existían elementos para promover una investigación penal, estos debieron haberse puesto en conocimiento de la Justicia en ese momento.
“Llama la atención que, dos meses después y sin que se conozcan hechos nuevos, se anuncie que se está evaluando una denuncia”, señaló.
Dotti también expresó preocupación por la falta de acceso a documentación vinculada al expediente. Indicó que solicitó formalmente en dos oportunidades una copia completa del informe administrativo y que hasta el momento no ha recibido respuesta.
Si bien evitó afirmar que exista una persecución contra el trabajador, reconoció que la situación le genera interrogantes y cuestionó la falta de transparencia en el proceso en cuanto a la vista del expediente, al cual no han accedido.
Finalmente, sostuvo que, a su entender, del expediente administrativo no surge la comisión de ningún delito por parte del funcionario, aunque aclaró que, en caso de concretarse una denuncia, será la Fiscalía la encargada de investigar y determinar si existen responsabilidades de carácter penal.
