La clase política no tiene edad jubilatoria: ¿Ciudadanos clase A o privilegiados de por vida?

En los últimos años, Uruguay ha sido escenario de intensos debates sobre la reforma jubilatoria.

Uno de los cambios más significativos fue el aumento de la edad mínima para acceder a la jubilación, que pasará de los 60 a los 65 años en un proceso escalonado. Este ajuste fue presentado como una medida imprescindible para garantizar la sostenibilidad del sistema, apelando al esfuerzo y sacrificio colectivo de los trabajadores.

Sin embargo, hay una excepción que pocos mencionan y que nunca parece entrar en discusión: los políticos. A diferencia de cualquier otro funcionario público o ciudadano común, los políticos uruguayos no tienen una edad obligatoria de retiro.

No importa cuántos años acumulen en cargos electivos o designados, ellos pueden continuar indefinidamente, siempre que consigan los votos necesarios o mantengan los apoyos partidarios que aseguren su permanencia en el poder.

Esta realidad plantea preguntas incómodas: ¿son los políticos ciudadanos de clase A mientras el resto de la población pertenece a una clase B? ¿Por qué quienes legislan las normas de jubilación para los demás están exentos de sus propias reglas?

Causales de retiro: la derrota, el escándalo o la muerte

Para los políticos, las únicas formas de abandonar la actividad son tres: perder una elección, ser arrollados por un escándalo o delito que destruya su reputación, o sucumbir a la muerte.

No existen normas que los obliguen a retirarse, independientemente de su edad o condición de salud. Esto es particularmente preocupante, considerando que a medida que se avanza en edad, aumentan los riesgos asociados a problemas físicos y mentales que pueden comprometer la capacidad de tomar decisiones responsables.

En contraste, cualquier otro funcionario público en Uruguay está obligado a jubilarse al alcanzar la edad estipulada por ley. Incluso en otros sectores que demandan altos niveles de exigencia y responsabilidad —como los médicos, docentes o jueces—, existen límites claros para garantizar que las funciones sean ejercidas por personas en condiciones óptimas.

El riesgo de perpetuarse en el poder

La ausencia de un límite de edad para los políticos no es una omisión inocente. Responde a un comportamiento corporativo que protege privilegios y espacios de poder.

Al no establecer reglas claras de retiro, los políticos garantizan que pueden perpetuarse en el poder tanto como sus propias ambiciones y alianzas se los permitan.

Esta perpetuación es peligrosa no solo por los riesgos asociados a la edad avanzada, sino porque limita la renovación política, un componente esencial para la salud de cualquier democracia. La política no debería ser una carrera vitalicia, sino un servicio transitorio al bien común.

Los sistemas democráticos necesitan la constante inyección de nuevas ideas, perspectivas y liderazgos, algo que difícilmente ocurre cuando quienes ocupan los cargos se aferran a ellos hasta el final de sus días.

Retirarse a tiempo: un acto de grandeza

La experiencia y la sabiduría que traen los años son invaluables, pero saber cuándo dar un paso al costado es igualmente importante. Retirarse a tiempo no es una señal de debilidad, sino un acto de grandeza.

Los políticos que realmente tienen vocación de servicio público deberían estar dispuestos a ceder su lugar para que nuevas generaciones asuman el desafío de liderar.

En lugar de aferrarse al poder, podrían desempeñar roles igualmente valiosos desde otros espacios:

Integrar consejos consultivos o de ancianos:
Su experiencia podría ser capitalizada para asesorar a las nuevas generaciones de líderes.

Ejercer roles docentes:
Podrían formar y capacitar a futuros dirigentes, transmitiendo valores éticos y democráticos.

Regresar al llano:
Como ciudadanos comunes, podrían fortalecer la legitimidad del sistema democrático al vivir las mismas condiciones que aquellos a quienes representaron.

La necesidad de reglas claras

Para garantizar esta renovación, es imprescindible establecer reglas claras y justas para todos los políticos. Dos medidas sencillas pero contundentes podrían marcar una diferencia significativa:

Retiro obligatorio a los 70 años:
Esto permitiría aprovechar la experiencia de los políticos mayores mientras se asegura que los cargos públicos sean ocupados por personas en plena capacidad de asumir sus responsabilidades.

Chequeos médicos anuales obligatorios:
Para todos los cargos electivos y de confianza, asegurando que los gobernantes estén en condiciones físicas y mentales óptimas para liderar.

¿Por qué incluirlo en la Constitución?

Estas medidas no deberían quedar sujetas a una ley ordinaria, fácilmente modificable por una mayoría circunstancial. Incorporarlas en la Constitución garantizaría su permanencia y estabilidad, protegiéndolas de eventuales cambios que puedan obedecer a intereses políticos de corto plazo.

Una reforma constitucional también tendría el respaldo de un amplio consenso ciudadano, lo que legitimaría aún más su implementación.

Un debate que la clase política evita

Este tema es tabú porque toca directamente los privilegios de la clase política. Pero es un debate que Uruguay necesita. Si los políticos realmente son servidores públicos vocacionales, deberían demostrarlo estando dispuestos a retirarse a tiempo y someterse a las mismas reglas que exigen al resto de los ciudadanos.

La democracia no necesita gobernantes que se perpetúen en el poder, sino líderes que sepan retirarse con dignidad, dejando un legado y abriendo paso a nuevas generaciones. Es hora de poner fin al privilegio de la perpetuación y demostrar que en Uruguay no existen ciudadanos de primera y segunda clase.

¿Están los políticos uruguayos preparados para dar este paso? ¿O seguirán cuidando sus privilegios mientras la ciudadanía se enfrenta a reglas más duras? La respuesta no puede esperar. La democracia merece coherencia, justicia y renovación.

Por Dr. Ricardo Laurenz
Doctor en Comunicación