El Tribunal de Apelaciones de 1er Turno resolvió la formalización en segunda instancia de la investigación contra un hombre que admitió haber tomado fotos a la hija de su pareja y una amiga mientras estas se bañaban. La jueza Lucía Piñeyro había rechazado la solicitud de Fiscalía entendiendo que no correspondía imputar el delito de violencia privada.

El 20 de octubre del año pasado se presentó ante la Policía una mujer, en ese entonces pareja del ahora imputado, quien lo denunció por conductas inapropiadas con respecto a su hija menor de edad y una amiga de esta.

La denunciante convivía hace 8 años con el hombre, con quien tenía en común una hija de un año. La otra niña era hija únicamente de ella, pero él había estado presente en su crianza desde los tres años.

El mismo día de la denuncia, próximo al mediodía, la familia estaba por almorzar en la casa de los padres de la denunciante (los abuelos de la víctima), en la ciudad de Young, en Río Negro. También se encontraba presente y había sido invitada a la reunión la amiga de la niña.

Poco antes del almuerzo las dos menores ingresaron juntas a bañarse. En ese momento vieron como desde la banderola se asomaba una mano con un celular, escuchando además el sonido característico al sacar una foto. Inmediatamente identificaron que se trataba del ahora imputado, debido a que conocían su celular y porque además tenía un tatuaje de un reloj en el brazo.

Ambas salieron rápidamente del baño angustiadas y contaron lo ocurrido a la madre de la niña, quien increpó al imputado, pero este negó todo. La mujer le revisó el celular pero no encontró nada, aunque no miró la pestaña «papelera», donde van a parar los elementos eliminados.

Además de que las niñas apuntaron directamente contra el hombre, los demás presentes no dudaron en sospechar de él ya que la banderola daba para un living en el que había quedado solo mientras los demás comían. Además, aseguraron que el hombre sabía que las menores se estaban bañando ya que las había apurado en más de una oportunidad para que «no se terminen toda el agua».

Luego de la denuncia, equipos técnicos de INAU hicieron un seguimiento a las víctimas, en las que observaron «claros indicadores de la violencia moral sufrida», según consta en la sentencia a la que accedió El País. Estos se traducen en «consecuencias psicológicas tales como hipervigilancia, irritabilidad,agresividad, angustia, sentimientos de culpa y miedo».

A pesar de haberlo negado ante su pareja en primera instancia, el hombre admitió en sede fiscal haber tomado las fotos, aunque aseguró que no lo hizo «con índole sexual». También dijo que durante el conflicto borró las fotos y luego se deshizo del teléfono.

Nota publicada en el diario El País.

Escrita por Agustín Carballo.