En una reciente declaración, Jorge Hernández, integrante de la Asociación de Participación Ciudadana, ha denunciado que las intendencias de Río Negro y 33 son las únicas de las 19 existentes en el país que están cobrando tasas por el acceso a la información pública, un acto que consideran ilegal. Según Hernández, estas intendencias exigen un pago de $436 y $45, respectivamente, para poder acceder a los expedientes solicitados bajo la ley de acceso a la información pública.

Hernández explicó que la Ley 18381 establece claramente que el acceso a la información pública debe ser un trámite gratuito, permitiendo únicamente el cobro de costos relacionados con el soporte físico de la información, como un pendrive o papel. «No se puede cobrar más que el costo del soporte», enfatizó.

Ante esta situación, Hernández ha presentado una denuncia ante la Unidad de Acceso a la Información Pública y ha recibido una resolución que confirma que el trámite debe ser gratuito. «Se les intima a que deben dar respuesta en el plazo de 20 días hábiles o en su defecto pedir una prórroga», indicó.

Además, Hernández recordó que ya existe un antecedente de sanción a la Intendencia Municipal de Paysandú por incumplimiento en el acceso a la información, lo que refuerza su posición sobre la ilegalidad de los cobros realizados por las intendencias de Río Negro y 33.

La Asociación de Participación Ciudadana está considerando acciones legales contra ambas intendencias, argumentando que están violando la ley y que el acceso a la información es un derecho fundamental de los ciudadanos. «Estamos gobernando de espaldas al vecino», concluyó Hernández, subrayando la importancia de la transparencia en la gestión pública.