La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, presentó su renuncia este jueves al presidente Yamandú Orsi, en medio de una creciente polémica por la situación irregular de su propiedad en Montevideo. La funcionaria, que había asumido el cargo el 1º de marzo como parte del gabinete del Frente Amplio, dejó su puesto tras varios días de cuestionamientos públicos y políticos.

La controversia surgió a partir de una denuncia periodística que reveló que Cairo reside desde hace años en una vivienda no regularizada y no había pagado impuestos. Si bien en declaraciones iniciales la ahora exministra había asegurado que no pensaba dimitir y que estaba dispuesta a corregir su situación, el caso fue escalando en el plano político y derivó finalmente en su alejamiento del cargo.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Cairo sostuvo: “No estamos en esta lucha por los cargos. Toda la vida me consideré una militante de una causa que abrazo y quiero.” Añadió también que “la vida misma me enseñó que nunca hay que bajar los brazos y que los lugares para nosotros son circunstanciales, pero las causas no.”

La renunciante ministra afirmó que conversó con el presidente Orsi antes de formalizar su decisión, y le agradeció “la confianza y el cariño” que recibió durante su breve gestión. “Nos encontraremos con todas aquellas y aquellos que militen en donde la pobreza y la injusticia estén presentes. Habrá patria para todos”, concluyó su mensaje, con tono de continuidad en su trayectoria militante.

La salida de Cairo representa un golpe para el gobierno del Frente Amplio, que deberá ahora nombrar a un nuevo titular en una cartera clave en la agenda social del Ejecutivo. Al mismo tiempo, la situación revive el debate sobre ética pública, transparencia y la coherencia entre el discurso y los actos de quienes ejercen funciones de gobierno.

Cabe recordar que Cairo había solicitado en el pasado siendo diputada que para regularizar ante el BHU los deudores en UR tuvieran sus tributos al día con fecha retroactiva sin poder regularizar la deuda, algo que fue calificado como indignante.