Los representantes de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS), Luis Arijón y Carlos Clavijo, realizaron una valoración positiva de las conclusiones alcanzadas en la primera ronda del diálogo social impulsado en Uruguay, destacando avances en materia de protección y seguridad social, recuperación de derechos y mejoras para los sectores más vulnerables de la población.

Durante la exposición, señalaron que uno de los puntos más importantes es la creación de una prestación universal para personas mayores de 70 años que no cuenten con ningún ingreso, además del fortalecimiento de las transferencias destinadas a niños y niñas en situación de vulnerabilidad, que en algunos casos podrían duplicarse o triplicarse, especialmente para menores de tres años.

Asimismo, resaltaron la intención de fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados como parte de una visión integral de la seguridad social, incorporando también aspectos vinculados a discapacidad, infancia y cuidados, y no solamente jubilaciones y pensiones.

En cuanto a la recuperación de derechos perdidos con la Ley 20.130, Arijón y Clavijo destacaron la eliminación del plazo para reconocer años de servicio anteriores a 1996 mediante testigos, permitiendo que los trabajadores puedan hacerlo en cualquier momento de su vida laboral. También subrayaron la recuperación del derecho a la jubilación por incapacidad física para quienes ya tenían causal jubilatoria y continuaban trabajando.

Sobre el sistema de AFAP, aclararon que el acuerdo alcanzado no implica una estatización. Explicaron que las AFAP seguirán existiendo junto al ahorro individual, aunque se buscará modificar el vínculo entre las administradoras y los afiliados, con un mayor control estatal y mecanismos de competencia entre aseguradoras privadas mediante licitaciones de carteras.

Otro de los puntos destacados refiere a la edad de retiro. Según expresaron, el nuevo esquema permitirá que aproximadamente un tercio de los futuros jubilados pueda volver a jubilarse a los 60 años con mejores tasas de reemplazo que las establecidas por la reforma anterior. Para otros sectores, se prevén incentivos para extender la vida laboral hasta los 65 años o bajo un sistema gradual.

Los representantes sindicales también adelantaron que las conclusiones del diálogo social deberán transformarse en proyectos de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento durante el segundo semestre del año. En ese marco, anunciaron que el movimiento sindical realizará una ronda de reuniones con legisladores de todos los partidos para explicar los alcances de las propuestas y procurar el mayor respaldo político posible.

No obstante, señalaron que el movimiento sindical no acompañó plenamente el documento final debido a la falta de discusión sobre el financiamiento del sistema de seguridad social. Entre las alternativas planteadas mencionaron un impuesto del 1% para el sector más rico de la población y nuevas modalidades de aportes patronales para alcanzar una mayor equidad contributiva.

Finalmente, enfatizaron que estas discusiones deberán integrarse a la Estrategia Nacional de Desarrollo recientemente iniciada, junto a otros temas como el empleo, el financiamiento del sistema de cuidados y la reducción de la jornada laboral.